El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, junto al representante Gabriel Rodríguez Aguiló, acudirán esta tarde a la Oficina del Fiscal Independiente (OFEI) en relación a la investigación que se realiza sobre la participación del Secretario de Justicia, Cesar Miranda Rodríguez, en eventos de naturaleza político-partidista.
“Estaremos allí para brindar información sobre las acciones, puramente partidista, del Secretario Miranda en eventos fuera de la prerrogativa del puesto que ocupa. El Secretario de Justicia de Puerto Rico asistió y participó activamente de la Conferencia Legislativa del Partido Popular Democrático (PPD) el 14 de mayo de este año. Este fue un evento totalmente político y así lo afirma el propio reglamento del partido popular en su Artículo 103, el cual establece claramente que la función de dicho organismo es la implantación del programa vigente del Partido”, sostuvo Aponte Hernández.
El pasado mes de julio, Aponte Hernández y Rodríguez Aguiló refirieron ante el OFEI la intervención de Miranda en la Conferencia Legislativa del PPD, celebrada en el Centro de Convenciones y citada por el presidente del Partido. En dicho foro se discutieron asuntos de índole político, incluyendo como los legisladores populares tratarían de “venderle al pueblo” la necesidad de imponer el Impuesto al Valor Añadido (IVA), entre otras cosas.
“Ningún funcionario electo o nombrado a una posición en el poder ejecutivo está por encima de la ley, en este caso tenemos al Secretario del Departamento de Justicia que actúa por encima de las leyes en pleno menoscabo de sus funciones. Llegó el momento de poner un alto a las acciones del Secretario de justicia quien aparentemente prefiere realizar funciones político partidistas en vez de hacer cumplir las leyes que juró defender cuando fue nombrado a su cargo”, dijo Rodríguez Aguiló, quien representa los municipios de Arecibo, Manatí, Ciales, Florida, y Barceloneta.
Los representantes del Partido Nuevo Progresista enfatizaron que Miranda Rodríguez también se puso el ‘sombreo político’ cuando asistió, sin ser invitado, el 24 de junio a una vista en el Congreso celebrada por la Subcomisión de Asuntos Indígenas, Insulares y Nativos de Alaska de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal sobre el tema del estatus político de la Isla («Examining Procedures regarding Puerto Rico’s Political Status and Economic Outlook»). Como parte de esta vista se convocaron a los presidentes de los tres partidos políticos inscritos a deponer, entiéndase que la invitación se extendió a los señores Rubén Berríos del Partido Independentista Puertorriqueño, Pedro Pierluisi del PNP y García Padilla del PPD.
Según Rodríguez Aguiló, el titular de justicia pudo haber violentado la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, así como la Ley Núm. 178-2001.
“La citación que fue emitida por la Subcomisión de Asuntos Indígenas, Insulares y Nativos de Alaska fue específica, para las vistas congresionales del 24 de junio de 2015 se citaron a los presidentes de los partidos políticos en PR. Por más que el Secretario intentó disfrazar su participación en las mismas como que su presencia era de carácter oficial, sus respuestas a los Congresistas fueron claras y específicas sobre el estatus y los temas relacionados”, aseguró el representante nuevoprogresista.
La Ley Núm. 1-2012, antes citada, prohíbe la participación en actividades políticas y su promoción por parte de servidores públicos mientras se encuentran en sus funciones de trabajo.
Por otra parte, la Ley Núm. 178-2001, prohíbe la participación a ciertos Secretarios del Gobierno de Puerto Rico, en actividades político-partidistas a nivel de Puerto Rico y los Estados Unidos, entre los cuales se incluye al Secretario del Departamento de Justicia.
La Ley 178 es bien clara al indicar que en «el sistema educativo, el sistema de justicia, el cuerpo de la policía, y el Departamento de Hacienda, son áreas sensitivas del servicio público donde la independencia de criterio es indispensable para una sana administración pública. Los servidores públicos que dirijan estas áreas deben representar, con su ejemplo, la política pública del gobierno de promover una administración pública sana y eficiente que esté libre de influencias político partidistas.»
«Ante la clara y evidente participación del Secretario de Justicia en reuniones de los legisladores populares y en representación del presidente del partido popular en una vista congresionales, se hace clara la violación a la ley que prohíbe dicha participación», concluyó diciendo Aponte Hernández.
