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Representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) le solicitaron a la administración del gobernador Alejandro García Padilla que presente ante la Legislatura las certificaciones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) relacionadas a todas las facturas de suplidores y contratistas pendientes pagar por el Gobierno, las cuales fueron sometidas en o antes de 15 de abril.
Los representantes además, pidieron toda la documentación sobre las proyecciones relacionadas a demandas por cobro de dinero por parte de los acreedores del gobierno ante los impagos de mayo y el de enero, del cual todavía se adeuda, de un total de $757 millones, unos $37.3 millones.
El requerimiento de información fue hecho los representantes Ricardo Llerandi Cruz y Angel Muñoz Suárez mediante una carta enviada el Primer Ejecutivo esta mañana.
«Toda esta información es vital para el estudio del presupuesto que se presentará ante la Asamblea Legislativa en los próximos días. Necesitamos estos datos para analizar, con mesura y cautela, la asignación de partidas y proyecciones de recaudos. Existen muchas interrogantes sobre las partidas que alegadamente estarán suscritas en el nuevo presupuesto, es por eso que también estamos solicitando que nos provean los Estados Financieros Auditados del Gobierno para el año fiscal 2014-2015», dijo Llerandi Cruz, quien representa los municipios de Arecibo y Hatillo.
El pedido de datos sobre las facturas pendientes a pago surge luego que varios funcionarios de la administración dejaran entrever que la inmensa mayoría de la deuda a suplidores, como a los transportistas escolares, terapistas de educación especial, médicos y contratistas de la construcción, entre otros, serán pagadas en julio, bajo partidas en el nuevo presupuesto.
«Nos preocupa sobremanera que el gobierno intente «zafarse» del pago de sus obligaciones con estos contratistas y suplidores, los cuales la inmensa mayoría son empresarios puertorriqueños. También expresamos nuestra inquietud relacionado a los dineros dirigidos al pago de la deuda en julio. ¿Qué hará el gobierno con el dinero presupuestado para sufragar los pagos de julio? De adherirse al patrón demostrado con el impago de mayo, cuando de un total de $422 millones que se debería pagar, la administración desembolsó sólo $22 millones por concepto de intereses, el gobierno podría tener, en este reglón especifico, un superávit artificial sin ataduras para su desembolso», comentó Muñoz Suárez, quien representa los pueblos de Aguada, Añasco, Rincón, Moca y Mayagüez.
Los legisladores novoprogresista también plasmaron su preocupación ante la posibilidad de que nuevamente se tenga que revisar las proyecciones del actual presupuesto, el cual vence el 30 de junio.
«El actual presupuesto es de $9,565 millones, del cual $1,138, o el 12 por ciento, están destinados al pago de diversos tipos de obligaciones financieras ya contraídas. A este presupuesto se tiene que descontar, de convertirse en ley la medida que deroga la implantación completa del Impuesto al Valor Añadido (IVA) y el impuesto a los servicios entre negocios, mejor conocidos como B2B. De acuerdo a varios estudios económicos, incluyendo las expresiones del Secretario Auxiliar de Rentas Internas, Víctor Pizarro, ambas partidas sumarian al erario unos $80 millones aproximadamente. De eliminarse ambos impuestos, se tendría, antes de aprobar el nuevo presupuesto, revisar nuevamente el vigente, tal y como sucedió en enero de este año cuando se revisaron las proyecciones, reajustando el presupuesto en $254 millones. Ese reajuste eliminó partidas en el Departamento de Salud ($12 millones), Sistema de Retiro ($19 millones) y el Departamento de Educación (10 millones), entre otros», añadió Llerandi Cruz.
«Por el mencionado ajuste, la actual administración derogó el pago a muchos de los suplidores del gobierno para el 1 de julio, «apostando» que el nuevo presupuesto tendría los recursos necesarios para satisfacer la inmensa deuda con estos suplidores, entre los cuales se encuentran los transportistas escolares, médicos, psicólogos y psiquiatras que brindan servicio profesionales a las diversas plataformas de la salud pública, así como a los proveedores de terapias a niños adscritos al Programa de Educación Especial. De no haber dinero, estos suplidores se quedaran nuevamente sin cobrar y muchos de ellos terminaran cerrando sus negocios y demandando al gobierno por cobro de dinero», agregó Muñoz Suárez.
