El gobernador Alejandro García Padilla, firmó ayer la orden ejecutiva 2016-018 que decreta un estado de emergencia para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), conforme a la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera o Ley num 21 de 2016. Con esta orden, la actual administración, habilita a la ACT para que pueda continuar sus proyectos de construcción y proceder con el pago a contratistas y obras en proceso, garantizando así, carreteras más seguras para el país.
Con la declaración de este estado de emergencia, quedan suspendidas las obligaciones de remitir ciertos fondos de obligaciones financieras y se autoriza la implementación de medidas extraordinarias necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales que ofrece a la ciudadanía. La orden ejecutiva suspende la obligación de la ACT de transferir los ingresos de los peajes y cualquier otro ingreso recibido a sus bonistas e impone un ‘stay’ en las reclamaciones judiciales y de cualquier tipo.
Además, esta orden no establece una moratoria sobre el pago de ninguna obligación. Los fondos necesarios para el pago de los bonos de la ACT relacionados con los ingresos de los peajes están adelantados y depositados en las cuentas de los fiduciarios para responder por los pagos hasta el próximo año. Tampoco se afecta la OE-2015-046 sobre los fondos retenidos (clawback).
Al 31 de diciembre de 2012, la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) alcanzaba más de $2,200 millones y no existía fuente de repago. Esta deuda fue el resultado de la práctica de los pasados años, en específico el pasado cuatrienio 2009-2012, en el cual se sufragaron los déficits operacionales y las necesidades de inversión de capital de la ACT mediante líneas de crédito del BGF, sin que se identificaran fuentes de repago para cumplir con dichas obligaciones. Esta práctica, además de no afrontar la insuficiencia presupuestaria y operacional de la ACT, profundizó la crisis aumentando exponencialmente su deuda.
Actualmente, la ACT necesita cerca de $25 millones mensuales para continuar su operación y proveerle los servicios esenciales a la ciudadanía, garantizando así su seguridad y bienestar. Asimismo, necesita sobre $150 millones para atender las cuentas por pagar con sus suplidores. Estos datos reflejan la emergencia por la que atraviesa la ACT y sustentan la firma de la mencionada orden ejecutiva.
Con esta orden, la administración del gobernador Alejandro García Padilla reafirma su posición de establecer como prioridad la continuidad de los servicios esenciales a la ciudadanía. Esta medida se suma a la determinación del gobernador de conceder a la ACT una parte importante de los fondos obtenidos de la transacción reciente con la compañía Metropistas. García Padilla y su equipo económico continúan trabajando activamente en la búsqueda de alternativas que permitan una negociación efectiva con los acreedores y la consecución de herramientas a través de las cuales se logre reactivar la economía del país. Asimismo no han cesado los esfuerzos por impulsar al Congreso a una acción pronta y justa que permita la reestructuración de la deuda pública.
