La Administración de Tribunales no tiene dinero ni tan siquiera para costear los sellos de correo, al punto que todas sus notificaciones escritas, desde órdenes, señalamientos de vistas y hasta resoluciones las están enviando a la ciudadanía por correo electrónico, colocando así en desventaja a las miles de personas que aún no cuentan con una cuenta de ‘email’.
La denuncia la hizo la candidata del Partido Nuevo Progresista a la Cámara de Representantes, Wanda Del Valle, quien reclamó explicaciones por parte de la Juez Presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez.
«Sabíamos que la Rama Judicial está pasando por una crisis fiscal, el gobierno de Alejandro García Padilla y David Bernier le quitaron fondos por tres años consecutivos. Pero llegar al extremo de no tener ni solo un centavo para pagar sellos de correo para enviar cartas, eso sí que es inaceptable. Esto limita el acceso a la justicia de nuestra gente y coloca en desventaja a los más desvalidos», señaló la candidata por el Distrito #38, el cual comprende los municipios de Carolina, Canovanas y Trujillo Alto.
Según explicó Del Valle, los más afectados con este nueva ‘practica’ serían las personas de escasos recursos económicos que acuden a los tribunales mediante el mecanismo de Derecho Propio. Estas personas radican documentos y se representan en la corte por su cuenta, sin un abogado.
«Estas personas, como doña Rosa en el Barrio Barrazas de Carolina, se defiende sola, por derecho propio. Ella tiene un email que apenas usa y donde vive no tiene buena recepción de celular, esto significa que esta persona estará días y hasta semanas sin ver su correo electrónico y se podrá perder de notificaciones importante en su caso. Esto afecta enormemente a las madres soleteras que hacen sus reclamos de pensión alimenticia por derecho propio», añadió la candidata del PNP.
«Hemos visto los emails que Tribunales les comenzó enviando a los abogados y ciudadanos. En ellos la Secretaria de la Sala claramente dice que la situación procesal que enfrentamos nos obliga a enviar notificaciones por correo electrónico. La soga parte por lo más finito, y aquí partió por nuestra gente», dijo.
Del Valle indicó que a esta nueva política d economizar se le añade que ahora los ciudadanos que tengan una legitima reclamación de cobro de dinero están obligados a realizar ellos mismos el emplazamiento, en vez del tribunal como siempre había sido.
«Nuestros ciudadanos que quieran demandar por cobro de dinero, que sean cantidades pequeñas, tendrán que pagar los servicios de un emplazador, algo costoso para una gestión de cobro que muchas veces no llega a los $3,000. Estas acciones limitan el acceso a la justicia y se tiene que denunciar», concluyó diciendo.
