enrique-questell-alvaradoFoto Archivo

 

Una investigación realizada recientemente envidenció un grave historial político del alcalde de Santa Isabel electo por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Enrique Questell Alvarado. La información la ofreció el presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en ese municipio, Marcos Martínez. «Es importante informar a los electores que si quieren un cambio verdadero en la manera en que se administra el Municipio, hay que aplicarle Ley 7 a Questell, quien está referido al Departamento de Justicia precisamente por la Contralora nombrada por Luis Fortuño. En esta ocasión se agenció casi $28,000 de manera irregular. Pero eso es un eslabón en una larga cadena de entuertos», aseguró Martínez.

El líder popular relató que en agosto de 2004, siendo candidato a alcalde por el PNP, Questell enfrentó un caso criminal por supuestamente agredir a su ex compañera. Alegó que el agredido había sido él. Ya para junio de 2006 Questell es acusado acusado nuevamente, pero de cometer actos lascivos contra una joven a la que se supuestamente recibió en su casa vistiendo solo una toalla azul. La mujer aseguró que el Alcalde intentó forzarla a sostener relaciones sexuales mientras lo visitaba en su hogar para  una reunión relacionada a una entrevista de trabajo.

Ya como alcalde, en agosto de 2006 Questell es demandado por 66 ex empleados municipales por discrimen político. El Alcalde alegó falsamente que las cesantías fueron producto de la crisis fiscal del Ayuntamiento. Para el año 2009, en junio un informe del Contralor reveló que el Alcalde de Santa Isabel  gastó $46,416 con cargo a la tarjeta de crédito municipal  para el pago de pasajes, estadías y alquiler de vehículos, así como para la compra de bebidas alcohólicas. Alegó que esos gastos fueron en ‘asuntos municipales’ pero no presentó evidencia. Al cuestionársele, en aquel momento, sobre los gastos, Questell le dijo a la prensa: «¿Para qué me dieron una tarjeta?, ¡pues pa’ gastarla!», según reportes de entonces. Mientras todo estos ocurría, el Alcalde se subió el sueldo de $48 mil a $90 mil anuales.

Los señalamientos se acrecentaron para octubre de 2012, cuando el alcalde PNP se le imputó haber inducido a una empresaria  a cometer fraude en una negociación mediante la cual obtuvo un contrato de $9,254 con el Municipio.  La imputación se desprendió de una declaración jurada de la contratista presentada  por el senador Cirilo Tirado, el representante José «Pito» Torres y el entonces candidato popular a la alcaldía de Santa Isabel, Justo Torres. «Ya para este año 2016, sus actitudes violentas lo obligaron a solicitar una disculpa en el Tribunal de Justicia culminó por un incidente de agresión contra el representante popular José «Pito» Torres Ramírez ocurrida en octubre de 2014″, añadió Martínez.

Nuevamente, Questell es investigado por la Oficina del Contralor de Puerto Rico durante el periodo del 1 de julio de 2010 al 30 de julio de 2014, cuando se descubre que el Alcalde violó disposiciones de ley y de reglamentación en la liquidación de licencia acumuladas por vacaciones. «Según la Contralora, los pagos indebidos ascendieron a $27,425 dólares y en exceso por 975 dólares. Esta situación, dijo Valdivieso se refirió al Secretario de Justicia el 9 de mayo de 2016 para la acción correspondiente. Este es en resumen, lo que Enrique Questell le ha hecho pasar al buen pueblo de Santa Isabel. Yo he asumido la responsabilidad de defender a mi pueblo  me presento como la opción que ofrece al PPD para acabar con la vergüenza que representa esta persona. El martes 8 de noviembre será el veredicto del pueblo», finalizó el candidato popular.

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