La Oficina de Ética Gubernamental (OEG), el Departamento de Justicia (DJ) y el Departamento de Seguridad Pública (DSP) favorecieron hoy en vista pública el Proyecto del Senado 765, que consolida las disposiciones de anticorrupción de distintas leyes en el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”.
Este Código Anticorrupción que presentó el gobernador, Ricardo Rosselló Nevarez, la semana pasada ante la Asamblea Legislativa persigue erradicar la corrupción en las ramas gubernamentales, eleva a rango de ley la iniciativa del Grupo Interagencial de Corrupción y crea el Registro electrónico de Personas Convictas por Corrupción. También establece represalias contra “whistleblowers” y dispone mecanismos legales para que las personas que defrauden al Fisco realicen los desembolsos pertinentes al Estado. Algunas de las áreas aplicables son: contratación de servicios, proceso y otorgación de subastas, compras, otorgación de permisos, resolución y adjudicación de controversias
«La lealtad debe de ser al pueblo de Puerto Rico y nunca debe ser a la autoridad nominadora…No es justo para el pueblo que una persona convicta de delito tenga la oportunidad de estar en una papeleta”, estableció la directora ejecutiva de la OEG, Zulma Rosario Vega, quien destacó que su oficina trabaja con todos los actos que se realicen en las agencias de la Rama Ejecutiva. De paso adelantó, que próximamente presentará un proyecto de ley para reformar la Ley de Ética Gubernamental.
“Defiendo al pueblo de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico siempre debe de estar presente cuando se llevan a cabo este tipo de acusaciones para que (los que cometen delitos) no se salgan con la suya o por la puerta amplia», argumentó Rosario Vega, cuya oficina atiende sobre mil casos asignando cerca de 150 a cada abogado, por lo que solicitó más recursos.
Rosario Vega comentó que “no puede visualizar” un Código Anticorrupción sin la integración de las disposiciones preventivas y fiscalizadoras contenidas en la Ley de Ética Gubernamental vigente.
El senador Miguel Romero Lugo expresó que la imposición de altas penas puede ser un para la comunidad en general “pero no para el que perpetra un acto de corrupción”.
En torno a la protección de los testigos potenciales, sea del ámbito privado o público, la jefa de Ética Gubernamental reiteró en varias ocasiones que “ a mayor protección se le dé…el pueblo de Puerto Rico se va a beneficiar de esto «.
De forma similar se expresó la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced. A su juicio es “imperativo” que se establezcan procedimientos y mecanismos para proteger a todo ciudadano que denuncie actos de corrupción. “Debido a la manera que se manifiestan estas conductas, la cooperación ciudadana es una ayuda imprescindible para el Estado”, dijo la exfiscal representada por la subsecretaria Griselle Santiago y la fiscal Inés Carrau.
“Por lo complejo y amañado que resulta ser el ámbito de la corrupción, y el grado de especialización que exige su investigación y procesamiento, es nuestra apreciación que este esfuerzo legislativo será útil y efectivo en la lucha contra la corrupción gubernamental que lacera la confianza del pueblo”, opinó la también exprocuradora de las Mujeres.
En lo que respecta al proceso de subastas y contratos con personas y/o empresas privadas, al secretario auxiliar de administración del DSP, Ricardo J. Martínez, le parece “idóneo” que apliquen las obligaciones éticas no solamente a los funcionarios públicos sino también a las personas privadas que participen de licitaciones de subastas, interesen perfeccionar contratos, entre otras acciones”.
El Proyecto establece que se utilizará el mecanismo de subasta pública cuando el monto de la compra exceda $195 mil. Asimismo, dispone que cada dos años, el tope máximo para ir a subasta pública será revisado por el administrador de ASG mediante reglamentación aprobada conforme a la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, y será ajustado al índice de precio al consumidor redondeado al millar de dólares superior más cercano.
La cantidad del tope de subasta pública generó preocupaciones en el senador Juan Dalmau Ramírez quien expresó que ese monto “es muy alto” y que la revisión no pasaría por la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, anticipó que el administrador de ASG podría, luego de dos años, aumentar el máximo que está exento de ir a subasta pública “a $300 mil o a $350 mil”.
“Eso obraría en contra del mejor interés de la mejor fiscalización que debe haber con el uso de fondos públicos”, sentenció Dalmau Ramírez.
La Directora Ejecutiva de la OEG coincidió con el senador independentista alegando que las cuantías de las subastas se establecen reglamentariamente en las agencias cuyas Juntas de Subastas se activan cuando el bien o servicio que se va a subastar supera $100 mil. “No tengo ningún reparo a que esta cuantía en vez de significarla aquí como $195 mil sea la cuantía de que cada agencia, municipio o departamento establezca conforme a su reglamentación”, comentó.
Ante el poder que tendría el administrador de la ASG, y para asegurar la mayor pulcritud en el proceso de subastas, el senador Romero Lugo no descartó enmendar la pieza legislativa para que se le incluya en el listado de jefes de agencias que no pueden participar de actividades político-partidisas.
“A los administradores de ASG les aplica la Ley de ética gubernamental pero en nueve años se han procesado dos con problemas y habría que remirar (eso) porque si ahora le estamos dando unas facultades más amplias de determinar dónde hay subasta y de dónde es por contrato, se amplía el ámbito económico de aquellas instancias en las cuales hay que utilizar el mecanismo de subasta formal. También debemos mirar que este funcionario, independientemente de quien sea la persona que está en esa silla, tenga unas prohibiciones o que hayan unas garras adicionales para que la OEG, distinto a otros funcionarios pueda tener un ojo más cercano en cuanto a sus finanzas e inclusive en cuanto a su comportamiento porque a veces”, reiteró el senador.
Esta aseveración provocó que la directora ejecutiva de la OEG sentenciara que ninguno de los jefes de agencias debe estar involucrado en actividades político-partidistas porque “el servicio público es sagrado”.
Esta pieza legislativa se une a otras medidas aprobadas por la Legislatura para atajar la corrupción gubernamental.
La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) envió a la Comisión de Relaciones Federales y Política Pública del Senado un memorial explicativo a favor de la medida.
Para leer la pieza legislativa acceda la Página de Internet de la Oficina de Servicios Legislativos (www.oslpr.org).
