La nominada a comisionada del Negociado de Emergencias 9-1-1, Yazmín González Morales, informó hoy que desde el 2017 el Departamento de Justicia no ha respondido varios referidos realizados por la agencia en torno a las llamadas que resultan ser falsas o que no son emergencias.
«En lo que son las llamadas de mal gusto y viciosas estamos haciendo una evaluación para someter unos casos a través del Departamento de Justicia. Hay unos casos radicados y entiendo que se habían radicado otros en Justicia para los cuales no ha habido respuesta para ver como podemos solucionar eso», reveló González Morales, al destacar que el 80 porciento de las llamadas recibidas no son necesariamente falsas, sino que no son emergencias sino «urgencias».
«Hubo un referido previo (2017) de unos casos que se recibieron mediante mensajes de texto que se refirieron a Justicia para ver qué medidas se podrían tomar en esos casos particulares», añadió la nominada.
¿Al día de hoy no sabe lo que ha pasado? cuestionó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz a la nominada quien dijo un rotundo «no».
«Quiero que usted me envíe específicamente lo del Departamento de Justicia porque quiero saber cómo es que se hace una llamada falsa, el sistema (9-1-1) pide la acción del Departamento de Justicia y parece, podemos estar equivocados, que no se ha hecho nada. Eso me interesa muy particularmente», solicitó el presidente senatorial
Las expresiones surgieron durante una vista pública de la Comisión de Nombramientos que preside Rivera Schatz en la que se evaluó el nombramiento de González Morales a dicho cargo.
Por otra parte, según trascendió en la vista pública al 30 de septiembre de 2018 el Negociado mantenía una necesidad presupuestaria ascendente a $20.9 millones para cubrir gastos de operaciones durante el año fiscal 2019. Según reveló la nominada a comisionada del 9-1-1 el presupuesto, que proviene en su totalidad de fondos propios, se compone de $10.3 millones para gastos de nómina y costos relacionados y $10.6 millones para gastos de funcionamiento.
«No vamos a tener ningún problema para recibirlos en recaudos…Estamos trabajando en conjunto con el DSP para presentar números finales a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). No vamos a tener problemas para que el Negociado funcione adecuadamente», anticipó la nominada a preguntas de la senadora Migdalia Padilla Alvelo sobre la situación económica del Negociado.
El total de puestos ocupados, hasta septiembre pasado, es de 244 empleados e los cuales 163 son telecomunicadores en centros de llamadas. Mientras, el total de puestos en funciones operacionales era de 188 y 56 estaban asignados a funciones administrativas.
El senador popular Eduardo Bhatia Gautier opinó que es necesario hacer «una reingeniería total» de lo que son los primeros auxilios en Puerto Rico. Por esta razón, alegó que con la reducción de presupuesto de la agencia «es ilusorio pensar que el 9-1-1 va a ayudar a uno sino hay recursos».
En la audiencia pública también se evaluaron los nombramientos de Lillian Mateo Santos y Ferdinand Ramos Soeegard como comisionados asociados del Negociado de Energía. Asimismo, el de Zaida Enid Cordero López para el puesto de comisionada asociada del Negociado de Telecomunicaciones, Ramón Alberto Vera Montalvo como miembro asociado de la Junta Reglamentadora de Servicio Público y Suheidy Barreto Soto para miembro asociado de la Junta de Planificación.
