Aunque la secretaria del Departamento de la Familia (DF), Carmen Ana González Magaz alega que no tiene fondos suficientes para hacerle justicia salarial a los empleados de la Administración de Desarrollo Socioeconómico y de la Familia (ADSEF), destinó la cantidad de $469,305.48 en un contrato externo para realizar diversas funciones como hacer llamadas telefónicas, pagando $17.25 la hora por empleado.
La denuncia la hizo la senadora Ada García Montes, quien ha dado seguimiento a los reclamos de los empleados de ADSEF, quienes por años han estado reclamando mejoras en sus condiciones salariales. «Estamos hablando de servidores públicos que atienden los casos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), que a duras penas sobreviven con $315.00 quincenales luego de las deducciones. Estos empleados trabajan sin recursos tecnológicos y aún están haciendo copias con papel carbón. Esa es una realidad con la que el DF debe trabajar, cuando ha habido aumento de salario a otras divisiones de la agencia», argumentó la también abogada.
Con relación a la contratación de una empresa por $469,305.48, la senadora informó que se hizo mediante la Orden de Compra «ADSEF-21-001», para atender a ciudadanos bajo el «Pandemic EBT Act», y firmado por el director de la División de Compras de la agencia. «Los empleados de ADSEF se manifestaron esta semana pasada para exigir atención, y en la víspera recibieron una carta de la secretaria González Magaz que los recipientes consideraron intimidante. De hecho, ella no los atendió, pero sí dio paso a una entrevista a un programa de entretenimiento donde alegó su compromiso y el del Gobernador con los empleados. Ese compromiso habrá que demostrarlo con hechos», añadió García Montes.
«Ayer la Secretaria y el administrador de ADSEF anunciaron la asignación de subsidios para pago de la factura de energía eléctrica de hasta $700 para familias necesitadas. Precisamente, esas ayudas las deben tramitar los empleados de ADSEF y es labor adicional. No me queda duda que ellos trabajarán el proceso como lo han hecho en el pasado, como evidencia de su compromiso con la población de escasos recursos», abundó la legisladora.
«Nuevamente invito al diálogo. El último aumento concedido en ADSEF fue en el 2008 y fue de apenas $100. Ya no se puede seguir usando de excusa a la Junta de Control Fiscal, porque se pueden solicitar propuestas federales que cubran el monto, como se hizo con el resto de los empleados mediante una propuesta federal con $600 a cada empleado retroactivo a diciembre de 2019. Estos son los empleados que desde el primer día de la pandemia tuvieron que ir presencialmente a las oficinas para asegurar que los beneficiarios del PAN tuvieran sus pagos a tiempo. Hay que hacerles justicia», finalizó la senadora.
