Líderes de la comunidad de Ranchos Guayama en Salinas llamaron la atención sobre la contratación de asesores por parte del presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, que están involucrados a la polémica otorgación de permisos ilícitos en el caso del Condominio Sol y Playa en Rincón.
Torres Meléndez, quien ahora intenta cambiar el controversial campo de tiro propuesto en Salinas a nombre de PR Shooting Academy, la cual también preside, contrató los servicios del ingeniero Enrique Santiago, el hidrólogo Ángel Román Más y el biólogo Idelfonso Ruiz para preparar una evaluación ambiental sobre el proyecto.
«Estas tres personas estuvieron involucradas con la escandalosa otorgación de permisos en el caso del Condominio Sol y Playa en Rincón. El ingeniero Santiago mintió diciendo que la construcción no tendría un impacto ambiental significativo, para forzar la otorgación de una exclusión categórica; Idelfonso Ruiz fue quien presionó en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para que se otorgara el permiso, escudándose en su puesto en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA); y Ángel Román Más era el asesor del Condominio Sol y Playa, quién casualmente también fue socio corporativo de Idelfonso Ruiz. Era un equipo mortal cubriendo las tres bases, y ahora llegan a Ranchos Guayama», comentó José Cora Collazo, portavoz de Acción Social y Protección Ambiental (ASPA).
Para el líder comunitario es altamente sospechoso que el trío de asesores ahora esté interviniendo en los polígonos de tiro que quieren construir en la comunidad de Ranchos Guayama.
«El pasado 10 de octubre sometieron una Solicitud para Certificación de Hábitats Naturales para la Vida Silvestre en OGPe, donde en la primera página admiten que, la excavación de fosas de sobre 10 pies que se hizo en el lugar es ilegal. La comunidad ha denunciado esto desde el principio e incluso el DRNA confirmó varias violaciones hechas por CODEPOLA. Es altamente sospechoso que el constructor de un proyecto ilegal contrate a personas involucradas en otras acciones ilegales y que de seguro aún tienen contactos en las agencias», comentó José Cora.
Por su parte, Miguel Angel Rivera, residente de Ranchos Guayama, expresó su consternación sobre la insistencia en mantener viva la posibilidad de construir 17 canchas de tiro al aire libre en su comunidad.
«El DRNA confirmó varias violaciones de ley, la propia documentación del proponente acepta la ilegalidad, la comunidad actuo utilizando los canales correspondientes y logró que el municipio retirara su endoso al proyecto, y hasta solicitó investigaciones en el Senado y la Cámara de Representantes. Incluso, en el tribunal el abogado de CODEPOLA fue multado porque, en un caso judicial que entablaron contra la comunidad, llevan sobre 300 días sin presentar evidencia. Hace rato que este proyecto se debió detener y no permitir que siga el intento por violentar nuestra paz, tranquilidad emocional, seguridad y ambiente», expresó Rivera.
Los activistas comunitarios aseguraron que están evaluando la documentación sometida en OGPe y que seguirán luchando hasta detener finalmente el peligroso campo de tiro de CODEPOLA.
