La lucha de los residentes de Ranchos Guayama por proteger a sus familias del impacto de las cenizas tóxicas de carbón que yacen en sus calles, tomó un nuevo giro cuando la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, propuso un nuevo diseño para la reconstrucción de los caminos comunitarios que permitiría que «materiales sobrantes» del proceso, que incluye los desechos industriales del carbón, sean depositados en varias zonas dentro de la propia comunidad.
Inicialmente, el proyecto de reconstrucción y mitigación de las calles de Ranchos Guayama, según propuesto por Bonilla Colón, incluía la remoción de las cenizas tóxicas utilizadas en el lugar en el 2006, y que en diversos lugares se han mantenido expuestas al contacto con el viento, la lluvia y los residentes.
Más adelante, la propia alcaldesa cambiaría su versión, asegurando que los fondos destinados para el proyecto no incluían la remoción de las cenizas y que ella no tenía recursos económicos para realizar esa labor. Esto inició una fuerte controversia entre la primera mandataria y residentes de la comunidad.
En medio de estas diferencias, la alcaldesa intentó que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) le otorgara una dispensa para poder transportar las cenizas tóxicas hasta algún vertedero en Peñuelas, Ponce o Humacao. Líderes comunitarios, y los alcaldes de Peñuelas y Ponce, se opusieron a la propuesta. Luego de una contundente protesta comunitaria frente a la alcaldía de Salinas a principios del 2023, la agencia ambiental denegó la solicitud.
La Ley 5-2020 y el Reglamento para el Manejo de los Residuos de la Combustión del Carbón prohíben el depósito y la disposición de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en Puerto Rico, incluyendo vertederos y terrenos.
La nueva propuesta
Tras sus fallidas acciones, y al no recibir apoyo a sus gestiones, la alcaldesa modificó su estrategia y propuso un cambio de diseño en la reconstrucción de las calles de Ranchos Guayama.
La nueva propuesta, que no fue presentada con anterioridad a la comunidad, fue recogida en una carta enviada el 29 de junio de 2023, al Ing. Manuel Laboy Rivera, director ejecutivo de la Oficina de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (COR3).
«Ante el fracaso de la alcaldesa de hacerle justicia a nuestra gente y exportar esa basura tóxica fuera de nuestras calles y del país, su idea ahora es hacer varios vertederos dentro de la propia comunidad y depositar allí materiales sobrantes del proceso. Según expresó la alcaldesa en su carta, ese material sobrante incluye cenizas de carbón. Esta acción es un disparate. ¿Por qué nada de esto se informó a la comunidad con anterioridad?», comentó José Cora Collazo, presidente de la organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA).
En su misiva, la alcaldesa dice que la localización exacta de las zonas donde se depositarán los desechos está incluida en el plano del proyecto. Sin embargo, no se pudo confirmar esta información.
«En la evaluación preliminar de los planos, no denota el área ni el detalle de cómo se va a realizar esas áreas donde se pretende depositar el material sobrante que contiene cenizas tóxicas», comentó José Díaz Pérez, quien cuenta con 25 años de experiencia en el área de construcción e inspección de proyectos.
«Me parece que esos depósitos no cumplen con la ley ni el reglamento sobre el manejo de las cenizas. Hay que ver la posición del DRNA. Además, la infraestructura que se crea en esos depósitos da la impresión de que es para algo más permanente de lo que se dice. Nuevamente, la alcaldesa tiene mucho que explicar y aclarar», añadió.
¿Sobran fondos?
Otro asunto que los líderes de la comunidad exigen que se clarifique es la cantidad de fondos a utilizarse en el plan de reconstrucción.
Según la administración municipal hay asignado $8,733,543.54, provenientes de fondos para Mitigación y de FEMA. A esto, le restan un 10% de aportación del Estado a través de fondos CDBG-DR, así que, finalmente, aseguran que cuentan con $7,860,189.19 para el proyecto.
«Inicialmente, el municipio dijo que el costo total del proyecto era de $5.5 millones. Ahora aseguran que el proyecto modificado tiene un costo de $938,088.32. Así que tienen un sobrante de $6,922,100.87. Con menos de la mitad de eso se puede remover las cenizas y sacarlas fuera del país como exige la ley. ¿Qué pasará con ese dinero sobrante? ¿Cuál es el costo real? La falta de claridad y transparencia por parte de la alcaldesa causó los tropiezos que han atrasado la reconstrucción de nuestras calles», aseguró José Cora Collazo.
En Ranchos Guayama, la esperanza actúa como un faro, guiando a la comunidad hacia un futuro mejor, donde los desafíos se enfrentan con valentía y los obstáculos se superan con determinación. Sólo falta que la alcaldesa de Salinas se una a esa esperanza, y no continúe promoviendo la incertidumbre.
