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San Juan, Puerto Rico (14 de octubre de 2015) –La Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) advirtió hoy, miércoles, que desde La Fortaleza se diseña imponer una reforma laboral exclusiva para esa corporación pública con la intención de restringir y eliminar beneficios y derechos adquiridos de todos los empleados unionados y gerenciales.
A tales efectos, denunció la Alianza, el gobernador Alejandro García Padilla, en contubernio con el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y la oficial de reestructuración Liza Donahue, radicarán en los próximos días un proyecto ejecutivo en la Legislatura para crear la nueva Ley Habilitadora de la AEE que, entre otras cosas, incluirá el nuevo estatuto laboral.
Los miembros de la Alianza señalaron que la Ley Laboral que se busca aplicar atenderá las relaciones entre trabajadores y el patrono de manera particular, distinto al resto de las corporaciones del gobierno y cuya base legal partirá de algunas disposiciones contenidas en la actual Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley 66).
La denuncia se sostuvo en un documento que resume en dos páginas las medidas que se implantarán, convirtiendo en permanentes algunas de las secciones de la Ley 66 e incluyendo nuevos cambios al ordenamiento laboral de la AEE.
«Reemplazarán la Ley 66 con una nueva ley laboral exclusiva para la agencia que hará que los acuerdos pactados con las asociaciones y los convenios colectivos vencidos o por vencer se negocien bajo un nuevo estatuto. Asimismo, a las organizaciones que negociaron de buena fe bajo la Ley 66 no se les honrarán los compromisos contraídos», manifestó Luz López Rivera, presidenta de la Asociación de Empleados Gerenciales.
Para Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria de Energía y Riego (UTIER), la ley laboral que quiere imponer la AEE es parte de la encomienda de Donahue, representante de la firma AlixPartners en la isla, y cuyas acciones develan que está sometida a los intereses de bonistas y privatizadores.
«Están diseñando un plan de ajuste fiscal neoliberal por la cocina con medidas detrimentales para los trabajadores y trabajadoras de la AEE que, más allá de violar los convenios colectivos, abonan el terreno para vender y desmantelar la corporación pública», aseguró el líder de la UTIER.
Figueroa Jaramillo alertó que entre las medidas que se consideran implantar con la nueva ley laboral está reducir a 12 los días de enfermedad y a 20 para vacaciones. También se proponen eliminar los días no utilizados por concepto de vacaciones y enfermedad, por lo que quien exceda los 60 días acumulados los perderá.
Otra de las propuestas, agregó, será la reducción del pago de horas extra a 1.5 veces el sueldo base, contrario a la compensación doble que está estipulada en los convenios colectivos.
Evans Castro, presidente de la Unión de Empleados Profesionales Independientes (UEPI), alegó que la nueva ley persigue destruir las representaciones sindicales de la AEE en una estrategia encaminada hacia allanar el camino a la privatización con la menor resistencia interna posible.
«Prohibirán la extensión de los convenios colectivos en aquellos casos en que una nueva negociación se extienda por más de tres meses, lo que es una medida antisindical cuya única intención es destruir la capacidad económica de los representantes de los trabajadores para minar su fuerza», expresó Castro.
De aprobarse esta disposición, por ejemplo, se anularía de inmediato el convenio colectivo de la UTIER, vencido hace unos años como consecuencia de la negativa de la dirección de la AEE en llegar a entendidos razonables con los sindicatos.
«A nuestros trabajadores se les ha reducido más del 15% de sus derechos y beneficios económicos y ahora se pretende hacerlo de forma permanente. Mientras tanto, a los bonistas de fondos buitres se les aumentó el valor de sus bonos de 30% a 100%, con una reducción de 15% pero con intereses compuestos de 5% por el tiempo de la prórroga de pago. En palabras sencillas, los bonistas jamás perdieron nada pero a los trabajadores nos pretenden llevar a la miseria», sentenció el dirigente de la UTIER.
Por su parte, Ernesto Santiago Pérez, presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE, anticipó que la imposición de recortes y nuevas condiciones de empleo creará un segundo éxodo de trabajadores de la corporación, lo que pondrá en riesgo inminente la seguridad y confianza de nuestro sistema eléctrico. De igual forma alertó sobre los efectos de un éxodo de empleados para el Sistema de Retiro de la AEE.
«No hay dudas que las propuestas patronales de la AEE recibirán el aplauso de los privatizadores y de los grandes bonistas, quienes no tienen ningún interés en proteger y preservar la corporación como un bien público al servicio de la ciudadanía», dijo el líder de los jubilados, al tiempo que acusó a la quebrada compañía AlixPartners de llevarse más de $21 millones mientras busca erradicar más de 74 años de lucha y negociación.
En la lista de propuestas que contendrá esa nueva ley laboral también hay medidas para eliminar la intervención del Negociado de Conciliación y Arbitraje y la Junta de Relaciones del Trabajo en casos de querellas y reclamaciones en la AEE, reveló Castro.
«Quieren que toda controversia y procedimiento disciplinario se resuelva mediante arbitraje privado con mediadores escogidos por la Asociación Americana de Arbitraje. Esto es una acción prejuiciosa y discriminatoria que ataca la credibilidad de esos foros de mediación y resolución de conflictos alegando que tienen un historial de resoluciones favorables a los sindicatos», señaló la presidenta del gremio gerencial.
La Alianza vaticinó que la nueva ley eliminará la obligación de los empleados de la AEE a pertenecer a una unión, acción que permitiría a los trabajadores renunciar a su representante sindical, dejar de pagar cuotas y, a su vez, facilitaría la contratación de trabajadores no unionados para realizar diversas tareas.
Asimismo, la solicitud para que la gerencia y los sindicatos revisen la situación financiera de la AEE una vez al año y, de notar que la situación económica proyecta mejoría renegociar nuevas concesiones laborales, estaría eliminada bajo la nueva ley.
Los miembros de la Alianza advirtieron, además, que entre los próximos pasos de la Junta de Gobierno está la recomendación de aumentar la tarifa de la luz tal y como ha favorecido Donahue como paliativo para agradar a los bonistas.
Al mismo tiempo, los líderes gremiales recordaron que las medidas que quiere aplicar el gobierno para agravar las condiciones de empleo y vida de las trabajadoras y trabajadores puertorriqueños ha encontrado rechazo en diversos sectores del país, destacando las voces del sector religioso que ayer volvió a expresarse contra las políticas antiobreras y neoliberales de la administración de Alejandro García Padilla.
