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La Comisión de Cooperativismo, Pequeñas y Medianas Empresas y Micro Empresas del Senado comenzó hoy la evaluación de un proyecto que pretende enmendar la Ley General de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito con el propósito de flexibilizar parámetros de medición contable para mejorar las circunstancias y condiciones de este sector del cooperativismo protegiendo de esta forma su estabilidad financiera.
«Promover la estabilidad del sistema cooperativo es parte esencial de la política pública de este gobierno. La actual crisis fiscal nos confronta hoy con un escenario que pone de manifiesto la necesidad de concretizar de manera eficaz estos principios de política pública hacia el sector cooperativo en la isla», señaló el senador Gilberto Rodríguez Valle, presidente de la comisión.
La crisis actual de estancamiento económico hace imperativo sustentar los recursos locales para la generación de nuevas economías con raíces firmes en nuestra propia sociedad puertorriqueña como las del sector cooperativista del país. El movimiento cooperativismo puertorriqueño ha probado ser una extraordinaria herramienta para proveer a nuestros ciudadanos de servicios financieros indispensables para la provisión de sus necesidades.
La situación fiscal actual, unida a la aplicación de estrictos parámetros de contabilidad a este sector las coloca en una situación vulnerable para poder sostener sus ofertas de costos e interés en los servicios a sus asociados.
«El P del S 1454 es una herramienta segura y eficaz para que las cooperativas continúen asistiendo a nuestro pueblo con el mismo nivel de rentabilidad del que gozan actualmente sus servicios financieros. Es un paso de avance en la consecución de la política pública antes enunciada, que solo afecta el interés nocivo de los enemigos del cooperativismo», indicó William Ortiz Negrón, presidente de la Junta de Directores de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico.
El licenciado José Sosa Llorens, en representación de un grupo de cooperativas expresó su apoyo a la medida al indicar que la norma contable adoptada por COSSEC y recogida en el proyecto es una herramienta adecuada consustancial con las circunstancias extraordinarias que el país está confrontando. La adopción de esta norma es un ejercicio de política pública similar al realizado por reguladores locales y federales en el pasado.
«Cualquier interés particular de que el sistema financiero cooperativo sufra percances en nada adelanta la política pública y los esfuerzos gubernamentales para que nuestra economía supere la crisis. Frente a las limitaciones que presenta la banca comercial, las cooperativas han mostrado un crecimiento sostenido en sus respectivos indicadores de un total de activos, préstamos y capital», indicó Sosa Llorens
La norma contable pretende que las cooperativas mantengan la prestación de servicios a sus socios y que no haya una reducción mayor en la disponibilidad de crédito, lo cual hará más daño a la economía del país.
Por otro lado, Rafael Blanco, Comisionado de Instituciones Financieras indicó que el proyecto atenta contra los mejores intereses de los cooperativistas de Puerto Rico, porque el efecto de la legislación propuesta es eximir a las cooperativas de la obligación de constituir reservas adecuadas para las pérdidas en inversiones especiales.
«El permitir que los estados financieros no se reflejen las pérdidas no realizadas de nuestras cooperativas de ahorro y crédito es preocupante. Las llamadas inversiones especiales han sufrido marcadas degradaciones y el descenso de su valor no puede considerarse mediante un ajuste contable que parece obviar el marco crítico y excepcional en los mercados actuales de esos valores», añadió Blanco.
«Este proyecto atenta contra los principios básicos de contabilidad y afecta a COSSEC como entidad reguladora. Uno de los grandes problemas que tenemos es que COSSEC con esta medida pierde su función regulatoria», sentenció el Comisionado de Instituciones Financieras.
Por su parte, el presidente ejecutivo de COSSEC, Daniel Rodríguez Collazo, indicó mediante ponencia escrita que las Juntas de Directores de COSSEC y CDCOOP designaron un comité para que analizara la situación actual de las cooperativas, el posible efecto que representaría la situación de los bonos de Puerto Rico e identificara alternativas.
«Este comité presentó un borrador del Pronunciamiento de Contabilidad Reglamentaria que fue ratificado el 4 de agosto. Al día de hoy, ante el desconocimiento de la intención legislativa y por el posible efecto que el mismo podría tener en el Pronunciamiento de Contabilidad Reglamentaria los cuerpos directivos estarán atentos al desarrollo y discusión de la medida», indicó Rodríguez Collazo en ponencia escrita.
