Jubilados de la AEE exigen recobrar el dinero de pensiones ilegalmente otorgadas

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Al tiempo que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) acordó revocar esta noche todas las resoluciones que viabilizaban el otorgamiento de pensiones «cadillacs», es primordial, además, hacer público la opinión legal encomendada al abogado Agustín Collazo Mojica y en el que se habría de examinar la legalidad de esas pensiones.

Así reaccionó el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE), Ernesto Santiago Pérez, tras conocer que la Junta de la AEE optó por solicitarle al Departamento de Justicia una opinión legal en torno a cómo proceder con el dinero que se ha desembolsado hasta el momento a más de una decena de exejecutivos jubilados.

La Junta también congeló el aumento en la pensión al exdirector ejecutivo Juan Alicea, que supuso un incremento de $3,715.73 mensuales.

«Aun cuando nos parece sensata la determinación que ha tomado la Junta, entendemos importante conocer qué conclusiones hizo el abogado que se contrató para evaluar este asunto. Asimismo, nos parece conveniente que la Junta considere recobrar todas aquellas pensiones ilegalmente otorgadas, así como todo desembolso de contratos que vayan en contra de la Ley, la moral o el orden público», manifestó Santiago Pérez.

«También nos interesa saber cuáles fueron las diferencias que se alega hay entre los miembros de la Junta respecto a la aplicación legal que debe regir la otorgación de pensiones y la legalidad de los desembolsos que se han realizado a varios exejecutivos. No basta con una información escueta a través de un comunicado de prensa, requerimos mayor transparencia y exigimos se haga público la resolución adoptada hoy por ese cuerpo», acentuó el líder de los jubilados.

Santiago Pérez resaltó la imperiosa necesidad de que se establezcan prácticas de buena administración en la AEE que evite el dispendio, la extravagancia y el favoritismo en la agencia, máxime en momentos en que el gobierno se apresta a aprobar medidas que atentan contra la estabilidad y seguridad laboral de los servidores públicos.

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