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En aras de «vindicar los derechos constitucionales de libertad de expresión y acceso a información pública» de todo ciudadano, la portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, demandó hoy a la Presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y al Gobierno de Puerto Rico para que entreguen los documentos sufragados con fondos públicos relacionados al asesoramiento legal, fiscal y financiero que ha recibido dicha institución financiera por parte de consultores externos.
«Puerto Rico experimenta el quebranto de su modelo económico donde cada día se están tomando decisiones que no solo retumban en los mercados, sino en el bolsillo de cada uno de los habitantes de la Isla. Se hace imperativo que el pueblo, soberano, conozca lo que sucede, entienda por qué se toman las acciones, pueda objetarlas o apoyarlas, pero si se nos niega el acceso a la información a la cual tenemos pleno derecho no podemos descargar nuestra función fiscalizadora, indispensable para la transparencia y democracia», expresó González Colón.
La Portavoz confía en que se le dará pronta atención a la demanda, radicada en el Tribunal de San Juan con el número SJ2015CV00214, presto a que la Legislatura tendrá que tomar varias decisiones relacionas a las finanzas del Gobierno y sus dependencias y tales documentos son de suma importancia para tomar decisiones informadas.
La demanda surge luego de requerimientos de información infructuosos por parte de la Portavoz al BGF. El 29 de junio de 2015, González Colón le cursó una misiva al BGF mediante la cual solicitó una serie de documentos públicos relacionados al asesoramiento fiscal y financiero que ha recibido dicha institución financiera por parte de consultores externos, entre ellos la firma Millstein & Co.
El 21 de julio de 2015, la Presidenta del BGF le contestó la misiva a la Portavoz e informó que dicha institución financiera no estaría produciendo los documentos relacionados a la firma de consultores externos Millstein, toda vez que alegadamente “quedan cobijados bajo el privilegio ejecutivo y están relacionados a “información interna, predecisional, confidencial y preliminar”. El BGF también argumentó livianamente que la divulgación de dichos documentos sería “perjudicial para los mejores intereses de Puerto Rico, considerando los retos fiscales y legales actuales”.
En la demanda se reseña esta contestación como «frívola» ya que el BGF «no puede esgrimir ningún planteamiento legal válido que justifique la “necesidad” de mantener la secretividad de los documentos públicos solicitados por encima de los derechos constitucionales de libertad de expresión y acceso a información pública».
