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El Capitolio- El designado secretario del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) y director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés), Manuel Rivera Laboy, aseguró hoy que la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en la Isla, cuyo costo mensual es de $3 millones, así como sus decisiones sobre el Gobierno pueden interferir en la decisión de inversionistas extranjeros y locales para decidir no invertir en Puerto Rico.
“Sí incide. (La JSF) cuesta de entre $2 millones y $3 millones mensuales”, informó hoy Rivera Laboy a preguntas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en la audiencia pública de la Comisión de Nombramientos en la que se estudió su designación al DDEC y a PRIDCO. De hecho, aseguró que ha mantenido comunicación con los miembros de la Junta desde antes de las elecciones cuando estaba trabajando en el ‘Plan para Puerto Rico’.
Rivera Laboy informó que le ha comunicado a la JSF que se están haciendo ahorros en el Gobierno y que existen oportunidades para aumentar los recaudos “pero hasta cierto punto”. Aseguró que “la verdadera recuperación viene con el crecimiento económico y por eso ante los consultores de la Junta (Conway MacKenzie) se les ha dicho claramente la necesidad de apoyar estas reformas de competitividad para poder empezar a mover la rueda”.
En expresiones a la prensa el Presidente del Senado comentó que si la JSF cuesta $3 millones mensuales “es también otro dato a observar porque si un inversionista ve que la JSF pide al Gobierno que recorte, recorte y recorte y no va a tener la capacidad entonces de entrar a manejar asuntos que inciden en lo que sería convertir a Puerto Rico en un área atractiva para esos inversionistas pues se convierte en parte del problema la Junta…Trajeron una Junta que nos cuesta $3 millones mensuales y que quiere hacer señalamientos de costos cuando hoy la Junta cuesta más que nada”.
La JSF fue uno de los temas discutidos hoy en la audiencia pública en la que también, se analizaron los nombramientos de Carlos Saavedra Gutiérrez como secretario del Departamento del Trabajo y de Alberto Cruz Albarrán como Jefe del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. En la vista los designados se expresaron sobre la Reforma Laboral, Empleador Único y del Departamento de Seguridad Pública.
El nominado Secretario del Trabajo, quien fue abogado litigante de trabajadores y de sindicatos, argumentó que la Reforma Laboral “permite al Departamento, tanto por mandato legal como por ámbito discrecional, entrar a definir, expandir y clarificar diversas áreas del derecho de empleo en Puerto Rico. Mucha de la reglamentación vigente en esta jurisdicción responde a legislación que fue aprobada en el marco de una relación obrero patronal que no se adapta a las realidades del Siglo XXI”.
A preguntas del senador Rivera Schatz sobre el Empledor Único, Saavedra Gutiérrez reiteró que no se afectan los convenios colectivos. Asimismo, argumentó que este nuevo concepto “es una herramienta para la protección y la garantía del empleo público. El gobierno necesitaba ser flexible y tener una herramienta para proteger el valor del empleador público. Con los planes de movilidad del Empleador Único…ganamos todos. El servicio público se mantiene y garantizamos el empleo”.
En la misma línea de preguntas sobre Empleador Único, el designado Jefe de Bomberos comentó que “nos podría ayudar” en lo que se conoce como el Área Bomberil la cual “conlleva una preparación, capacitación y adiestramientos especializados y entiendo que el Empleador Único tendría que pasar por la faceta de entrenamiento”.
En lo que respecta a la creación del Departamento de Seguridad Pública, Cruz Albarrán informó que el Departamento de Bomberos “lo único que pierde es el nombre”. Por tanto, “no se afecta el servicio. Uno tiene que adaptarse a los cambios y entiendo que son de envergadura”. De ser confirmado al puesto, Cruz Albarrán estará al mando de una plantilla de 1,773 bomberos activos. Al momento, tienen 320 vacantes.
