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Foto Archivo
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Henry Neumann Zayas, comenzó hoy el proceso de vistas públicas sobre una pieza legislativa que impulsa que ciudadanos privados, empresas y organizaciones sin fines de lucro, puedan adoptar un cuartel y brindarle el mantenimiento necesario a las instalaciones.
El representante de la Superintendente y director del Negociado de Servicios Administrativos de la Policía, Luis A. Meléndez Martínez, se pronunció a favor de esta pieza e indicó que los problemas mayores de las 206 instalaciones policiacas son la falta de rampas para impedidos, servicios sanitarios, espacios habilitados para que agentes pernocten y una antigua infraestructura eléctrica.
“Debería haber un mecanismo para identificar las necesidades de cada cuartel, me preocupa quien sería el que tomaría esas decisiones. A veces, lo más apremiante no es lo estético, la mayoría de nuestros cuarteles ya pasaron su vida útil y la gran mayoría tiene sobre 40 años de vida. Por tanto estos edificios no fueron creados a la realidad del siglo 21. Mucho de estos cuarteles necesitan tener computadoras y aires acondicionados pero la mayoría no aceptan carga eléctrica adicional», indicó el agente David Colón Hernández, director de la División de Conservación de Edificios de la Policía.
También recomendaron se incluyan disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental para defender su integridad pública como agencia.
Por su parte, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) dijo ser la dueña de la Superintendencia de la Policía y de 106 cuarteles y comandancias a través de todo Puerto Rico. Asimismo, que ha suscrito contratos de arrendamientos y provee mejoras a la estructura que van desde plomería, electricidad y mantenimiento de áreas verdes. Sin embargo, esto no incluye los servicios de conserje, recalcó el licenciado de la AEP Luis Guillermo León.
Sobre las celdas en los cuarteles, la Policía indicó que cuenta con una Orden General que se desprende de la Ley de la Reforma de la Policía, y que atañe la responsabilidad del mantenimiento de estas a los comandantes de distrito. De esta forma, abundó que sobre la falta de inodoros en las celdas de los cuarteles, los mismos tienen un costo aproximado entre $2mil a $3,500 por tener estos unas especificaciones muy diferentes a un inodoro convencional. “En cada cuartel hay de 1 a dos celdas y en el caso de menores estos se llevan a un cuartel apropiado por región”, añadió.
De otro lado, AEP recomendó que no se limite la participación de un adoptante voluntario a un término de 3 años, sino se permita mantener ese auspicio por el tiempo que este adoptante así lo desee, no así cuando se trate de un adoptante gubernamental o auspiciador.
Sin embargo, el Senador dijo que mantendría el término de 3 años para todos los adoptantes ya que entiende que esto abona a un compromiso por parte del mismo y que ese término pretende que cumpla con los acuerdos o necesidades de la instalación en el tiempo propio. Como estipula el decretase de la pieza, un adoptante voluntario, estará compuesto por el sector empresarial, universidades, centro comerciales y la banca, entre otros.
En términos de tecnología, la representante de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones Zaida Cordero endosó la medida y reveló disposición de la Agencia para ayudar a buscar auspiciadores para esta iniciativa.
Las expresiones surgieron en audiencia pública de la Comisión Senatorial que dilucidaba el Proyecto del Senado 509, de la autoría de Neumann Zayas. Igualmente, estuvo presente el Senador por el Distrito de Ponce, Nelson Cruz.
